SE LES VE EL PLUMERO

La estrategia del Estado ha logrado un objetivo importante, a juzgar por la celebración generalizada de políticos, periodistas y opinadores que inundan los medios de comunicación: por primera vez –festejan- el Parlamento Vasco tiene una mayoría no nacionalista y, además, no estará presente la llamada izquierda abertzale.

A quienes nos preocupa la salud democrática general de nuestra sociedad, así como la concreta de las instituciones, no podemos evitar fijarnos continuamente en el conflicto vasco, pues es en él donde se manifiesta una verdadera disidencia activa contra el estado español, y es este el tema que ocupa, sin lugar a dudas, más tiempo en el caro espacio televisivo español. Es, en situaciones de disidencia, de enfrentamiento con las minorías, de resolución de este tipo de conflictos, donde claramente se pone de manifiesto la salud democrática de un país.

Gobierno, jueces, partidos políticos y medios de comunicación han conseguido, con todo tipo de medidas, que el voto de todos los vascos no se vea reflejado en el número de escaños del nuevo Parlamento. Ha sido éste un objetivo político (no un imperativo legal ni ético) por el que han trabajado todos, unos más legítimamente que otros, pero todos. Y todos se dedican ahora a celebrarlo.

Los artificios electorales y los posibles pactos, de apariencia contra-natura, pueden posibilitar que el lehendakari nacionalista, al que estábamos tan acostumbrados, sea, por primera vez, desbancado y sustituido por uno “constitucionalista” (más apropiado sería denominarlo “españolista”, para distinguirlo, pues el PNV, en la práctica, también es constitucionalista). ¿Qué va a cambiar con todo esto? ¿Sólo el nombre del lehendakari? ¿Dejará Ibarretxe el asiento? Para el PNV van a cambiar muchas cosas. Ciertamente. Pero, los demás ¿qué cambios de fondo proponen? ¿Va a haber más libertad en Euskadi? ¿Para quién?

Para quienes eso celebran, no es el cambio de lehendakari lo importante. Han logrado su verdadero objetivo, dejar fuera del Parlamento a la izquierda independentista y, así, desvirtuar los resultados electorales. ¿Es esta su victoria definitiva? ¿Cuántas victorias “definitivas” contra el independentismo vasco nos quedan por escuchar? ¿Cuántas desarticulaciones de comandos, de cúpulas terroristas nos han anunciado y cuántas les quedan por anunciar? ¿Cuántas prohibiciones de actos políticos y suspensiones cautelares faltan para que llegue la paz a Euskadi? ¿Van a dejar de prohibir? ¿Van a dejar que actúe la democracia sin que sean ellos los únicos que impongan las reglas de juego?

El balance inicial de estas elecciones es el resultado de toda una estrategia pacientemente urdida y que nada tiene de democrática. Las otrora presiones de todo tipo para que los independentistas de la izquierda abertzale hiciesen política, se han convertido ahora en prohibiciones, también de todo tipo, para impedirles que lo hagan. Descalificaciones, ilegalizaciones, detenciones, controles, escuchas telefónicas, embargos de cuentas, suspensiones cautelares, cierres de periódicos, persecuciones varias, han dado como resultado que más de cien mil votos no hayan sido contabilizados en estas elecciones, porque las listas a que iban destinados no han podido concurrir legalmente. Quienes, por experiencia, sabemos lo que es luchar por el voto en clara desventaja, en una contienda electoral, sabemos bien lo que esos votos anulados valen. No son cuatro, ni diez, ni cien. Son cien mil votos, que supondrían 6-7 escaños, y echarían por tierra toda la aritmética actual sobre posibles mayorías. La salud de esta democracia se encuentra en estado crítico. Quienes han perpetrado todos estos atropellos cantan victoria. Y muchos les aplauden.

Cantan victoria. Pero se les ve el plumero. A todos en general, pero a unos más que a otros. Para alcanzar su objetivo han empleado todo tipo de argucias. Teniendo el poder, no es difícil hacerlo. Lo de la democracia es pura verborrea para ellos, y el estado de derecho una clara estratagema.

Se le ve a uno el plumero cuando se le descubre sus verdaderas y ocultas intenciones.

Se les ve el plumero a todos los que siempre usan la aritmética a su favor, exigiendo grandes mayorías a los otros, cuando quieren cambiar las cosas, y consideran un gran cambio que ellos ganen por la mínima.

Se les ve el plumero al Tribunal Supremo y al Constitucional cuando basan sus sentencias en estrictas “convicciones jurídicas” (deberían decir conveniencias políticas) y no en pruebas materiales y objetivas en que deben basarse, de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico.

Se le ve el plumero al juez Garzón, cuando apoya sus instrucciones sumariales en declaraciones obtenidas en situación de incomunicación de los detenidos, y cuando da valor de prueba a meras “conjeturas policiales”.

Se le ve el plumero a Rajoy que pone el grito en el cielo por una supuesta persecución del juez Garzón contra su partido ”, cuando su “entorno”, el del PP, y algunos de sus cargos electos aparecen salpicados de todo tipo de corrupciones y, a la vez, aplaude al mismo juez por su teoría de que “todo es ETA”, de que la izquierda abertzale es el entorno de ETA, y si es su entorno, también es ETA. ¿Me incluirán en ese entorno por escribir esto?

Se les ve el plumero a quienes no han sido capaces de condenar tajantemente, sino que han “comprendido la reacción humana” (aunque violenta) del joven del mazo de Lazkao, y aplauden su puesta en libertad, a la vez que siguen exigiendo machaconamente a la izquierda independentista que pronuncie la palabra “condena”, refiriéndose a la violencia de ETA, como “prueba del algodón” para darle el carnet de demócrata. Está claro que, para ellos, hay unas violencias más democráticas que otras.

Se le ve el plumero a Rubalcaba, que se permite anunciar de antemano que los jueces van a resolver las cuestiones en un sentido determinado, cuando todavía ni siquiera se han reunido, y afirma, al mismo tiempo, que los jueces no siguen las directrices del Gobierno.

Se le ve el plumero cuando sigue defendiendo, no ya la inocencia, sino los propios hechos en que están envueltos quince guardias civiles encausados por un juez de San Sebastián por presuntas torturas a dos detenidos independentistas.

Se les ve el plumero a todos los que silencian (incluidos periodistas) los informes del Relator de Derechos Humanos de la ONU, en los que denuncia la Ley de Partidos española como un peligro para la democracia, y propone que se elimine la incomunicación de los detenidos en comisarías, para que desaparezcan las sospechas sobre torturas y malos tratos.

Y, lógicamente, se le ve el plumero a Zapatero, el del distinto talante, que es quien elige a sus ministros, y el que está convirtiendo su segundo mandato en “la legislatura de las cacerías democráticas”, de la permanente caza, sin licencia, del disidente, y levanta la bandera del record guiness de encarcelados por trimestre.

Se les ve el plumero, en fin, a todos los palmeros del poder, mande quien mande, porque a ellos les va de cine tal como están las cosas, y les preocupa que puedan cambiar.

Quienes defienden que España es Una, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero se les ve el plumero si niegan el mismo derecho a quienes no les importa que España sea una, dos o veinticinco, pero afirman que hay una parte que no es España.

Y si, en democracia, los conflictos, ocasionados por disparidad de pareceres, se resuelven mediante el diálogo y, en último extremo, cuando las disparidades son insalvables, por votación, ¿por qué no permitir en Euskadi, o donde sea, que todos voten? Es más, ¿por qué no facilitar, procurar y promover que todos voten? ¿Lo contrario no es miedo a la democracia?

ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS DEL ESTADO

Lo que voy a decir puede parecer ingenuo, para mí el primero, aunque seguro que, para más de uno, será calificado como malintencionado y para otros me quedaré corto. Todo es posible, dada la esquizofrenia colectiva que vivimos, donde se llega a considerar que intentar presentarse a unas elecciones es un órdago al Estado. Pero, por lo mismo, habrá que arriesgarse a opinar, si es que a uno le queda algo de autoestima y responsabilidad. ¿Desde cuándo opinar puede representar un riesgo en un estado democrático?

El Estado no tiene derechos, los ciudadanos sí. El Estado tiene competencias otorgadas por los ciudadanos, que no derechos. Y competencias limitadas. Derecho es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Competencia es la atribución legítima para el conocimiento o resolución de un asunto. El derecho nace de la naturaleza de las cosas, de la persona, de la comunidad. La competencia le es atribuida a alguien por alguien, en este caso, por el Pueblo al Estado. El concepto moderno de “estado de derecho” hace referencia a una organización en donde las decisiones sobre los ciudadanos están fundamentadas, no son arbitrarias ni discriminatorias. El estado de derecho nace y se consolida como instrumento para defender al ciudadano del poder absoluto del tirano. En definitiva, el Estado es una organización que defiende los derechos de los ciudadanos frente a otros ciudadanos y frente a su propia Administración. El estado de derecho si algo tiene que ser es imparcial. El Estado no tiene ningún derecho sobre los derechos de sus ciudadanos. Parece un juego de palabras. Hacia el interior de la propia sociedad que lo sostiene, el Estado no puede ser juez y parte y no puede quedar excluido de la obligación de cumplir la ley. Perdería toda legitimidad y la razón de su existencia si llegase a incumplirla. El Estado no contará, por tanto, con cloacas donde recoger “los excrementos de su acción política” (los Gal, por poner un ejemplo) porque, por definición, no debe producir excrementos.

Todo esto en el terreno abstracto de la teoría.

Pero, la realidad es mucho menos abstracta. El Estado lo componen normas e instituciones y organizaciones sociales y económicas concretas pero, sobre todo, ciudadanos, con competencias otorgadas para aplicar las normas, representar a las instituciones y actuar en su seno. Como ciudadanos que son, esas personas también tienen derechos frente a las mismas normas e instituciones a las que representan o en las que actúan. Los gobernantes, los parlamentarios, los militares, los jueces, los policías y cuantos forman parte del aparato de estado, tienen las competencias de su cargo y tienen derechos como ciudadanos. El resto sólo tenemos derechos, no competencias. Que un funcionario o un político tengan sus particulares objetivos y opiniones sobre la vida y la política es legítimo, pero no lo es que utilicen las ventajas de las competencias que los demás les hemos otorgado en beneficio propio o en perjuicio de otros. En esto todos solemos estar de acuerdo. Al menos, de palabra. De lo contrario y con respecto a los demás ciudadanos, se convertirían en ciudadanos de una “clase superior” y eso sería una aberración para la democracia.

Hasta aquí, mi ingenuidad. A partir de ahora, correré el riesgo de opinar más en concreto, aunque, confieso, que me encuentro perplejo.

Las declaraciones del Gobierno, asegurando que impedirán, por todos los medios, incluso antes de que pueda empezar a andar, que se presente a las elecciones vascas cualquier candidatura que “huela” a Batasuna, y las últimas actuaciones del juez Garzón dirigiendo la operación de detención de unos ciudadanos vascos que pretenden formar una agrupación electoral, ha colmado mi capacidad de asombro. Quizá sea por el grado de ingenuidad (o de sentido común, diría yo) con que, ciertamente, acostumbro a ver las “cosas de la política”. Durante mucho tiempo me he creído eso de la democracia, pero, a medida que veo cosas, cada vez más me parece un cuento de unos pocos para manipularnos a todos. Ya ni siquiera hacen el paripé de encargar al fiscal que investigue a ver si hay ilegalidad, sino que, directamente, le ordenan que impida la presentación de las listas.

He oído muchas cosas sobre la Ley de Partidos, pero nunca me había enfrentado con su texto directamente. Movido por la curiosidad, acudo a él y me encuentro con que una ley que, teóricamente, pretende fortalecer jurídicamente la existencia de los partidos y su actividad como “instrumentos fundamentales para la participación política” que son, y cuya creación y el ejercicio de su actividad debe ser libre, según la Constitución, presenta como principal novedad y, yo diría, como mayor preocupación, en su exposición de motivos, la regulación, precisamente, de lo contrario, las causas de disolución de partidos y suspensión de sus actividades, a lo cual dedica la cuarta parte de su articulado. Si bien es verdad que la ley dice que “cualquier proyecto u objetivo (político) se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sin embargo, la minuciosidad con que enumera los supuestos de causas de ilegalización y suspensión de actividades y la coincidencia con los argumentos repetidamente expuestos por el Gobierno y por el juez Garzón en su particular persecución de la izquierda independentista vasca, revelan, claramente, que esta ley está concebida como el principal instrumento para legalizar toda la persecución llevada a cabo contra dicho movimiento político.

¿Tenemos que confiar en la Ley?

La ley distingue entre objetivos y métodos, entre proyectos y actividades, entre individuos y organizaciones, pero quienes la están aplicando no. Los objetivos de quienes pretenden participar legalmente en la política me imagino que serán políticos. Que lo sea o no su actividad, en cualquier caso, estará por ver, ya que, en este caso, no ha empezado siquiera a caminar. En la práctica, sin embargo, el juez y el Gobierno obvian considerar los objetivos expresados y optan por adivinar las veladas intenciones y, así, curarse en salud. Y, para ello, apelan a actitudes y/o conductas anteriores y a pretendidos intentos de recoger la “herencia de Batasuna” por parte de los detenidos, todo ello, en medio del clima de rechazo y miedo que se ha creado en torno a esa organización por parte de jueces, políticos y medios de comunicación. ¿Son éstos argumentos jurídicos? No. ¿Lo son democráticos? Tampoco. Pero es que además, ¿dónde está esa pretendida herencia, si sus dirigentes, su estructura, sus locales y medios, sus fondos, han sido requisados o encarcelados? ¿Cuál es la herencia que puede dejar Batasuna? ¿Le queda algo más que no sean sus ideas, sus objetivos y sus deseos? ¿No dice la ley que cualquier proyecto es compatible con la Constitución? ¿Se trata de impedir que nadie “herede” dichos objetivos? ¿Se trata de impedir que quienes defienden la independencia de su país no puedan expresarlo públicamente? Que se diga claramente. Políticamente, sería legítimo combatir dichos objetivos, pero no judicialmente. Nos quieren confundir mezclando fines políticos e intereses electorales con defensa de la ley. Pero, a estas alturas, después de tanta medida preventiva, después de tantas suspensiones cautelares que cierran periódicos, que ilegalizan organizaciones, de hecho, antes, incluso, de que sean juzgadas, después de tantos equilibrios para, supuestamente, descubrir intenciones aviesas, después de tantos seguimientos policiales, después de tantas detenciones, después de tantos malos tratos en comisarías, después de tantos juicios sumarísimos paralelos en los medios de comunicación, lo único que queda en el aire es que ciertas instituciones, cierta clase política, ciertos poderes están defendiendo sus proyectos políticos utilizando sus competencias y una legalidad, hecha por ellos mismos, en beneficio exclusivo de sus intereses. Es legítimo que PSOE, PP e IU defiendan la unidad de España como proyecto político, ¡cómo no!, lo mismo que es legítimo defender la independencia de alguna de sus partes por quien quiera hacerlo. Pero siempre con instrumentos políticos, no judiciales. Con la valentía de correr los riesgos que comporta la democracia.

La democracia se defiende con más democracia. ¿Por qué tienen algunos tanto empeño en impedir que quienes proponen un proyecto político diferente al suyo lo puedan defender públicamente y someterlo al veredicto de los ciudadanos en unas elecciones? Sólo por intereses partidistas, particulares. ¿No va esto contra la democracia? ¿Se les va a impedir a los ciudadanos vascos que expresen su opinión sobre determinada opción política? ¿Es eso defender la democracia? Lo que se pretende no es defender la democracia sino evitar sus riesgos, ahogar el pluralismo tantas veces ensalzado. Se tiene miedo a ese pluralismo. Y, sobre todo, se tiene miedo a perder poder. Además, en la práctica, en este caso, todos esos pretendidos riesgos se pueden reducir al máximo, están siendo reducidos ya, por la vía de los hechos, pisoteando muchos derechos, con la puesta en prisión de personas, con la confiscación de medios, con la retención ilegal de sueldos y subvenciones de los cargos electos, con los votos de censura que se vienen practicando, con la prohibición de toda su actividad, con la negativa a admitir cualquier tipo de alegación o recurso. Ya no hay ningún riesgo de que “esos indeseables independentistas” utilicen dinero y medios públicos para sus “fines perversos”. Si el Gobierno y los jueces los tienen maniatados ¿por qué no les dejan presentarse para ver si los ciudadanos también les rechazan, negándoles el voto?. Sencillamente, porque el Gobierno, la clase política y los jueces defienden “su” proyecto político y no quieren correr el riesgo de que una opción distinta a la suya pueda obtener respaldo de los ciudadanos en unas elecciones limpias. A eso no quieren arriesgarse. Pero, ese es el precio de la democracia.

Nota.- Este artículo ha sido enviado, para su publicación, a los medios de comunicación escritos, en papel y digitales, de mayor difusión.

Gaza: EL CINISMO DE LA EQUIDISTANCIA

Gaza: EL CINISMO DE LA EQUIDISTANCIA

Enjuiciar un hecho desde el punto de vista exclusivo de los principios o los valores suele conducir o al fundamentalismo o simplemente a la mayor de las injusticias, donde valorar el dolor más cruento, el físico, por ponernos en un extremo, puede llegar a ser comparado con cualquier otra sensación, incluso mística, que un ser humano pueda percibir.

Con razón el representante de Israel ante la ONU puede sentirse satisfecho con los resultados obtenidos por la campaña que su gobierno, manifiesta, ha orquestado ante los medios de comunicación, a nivel internacional, para predisponer a la opinión pública mundial y obtener, cuando menos, algún grado de “comprensión” ante la operación “plomo fundido”, iniciada por Israel hace una semana. Todos los gobiernos de los llamados estados occidentales, así como muchos, incluso, de los islámicos, han justificado y aceptado la operación israelita, como una respuesta a la ruptura de la tregua por parte de Hamas, limitándose a pedir tímidamente un alto el fuego, o una minitregua para atención humanitaria de las víctimas.

Pero si de los políticos no podemos obtener otra cosa que no sean medias verdades y muchas mentiras, cuando de salvaguardar intereses se trata, de los periodistas y tantos “opinadores” como circulan por tertulias y columnas de periódicos, sí deberíamos esperar más objetividad, al menos, ya que su imparcialidad parece resultar imposible.

No valen aquí las equidistancias.

Solamente diciendo que, durante la última tregua y, por lo tanto, en plena vigencia de la misma, Israel ha matado a más de cincuenta palestinos, debería ser suficiente para desmontar cualquier equiparación y, menos aún, justificación de lo que está ocurriendo. Pero es que, además, la tregua no la ha roto Hamas sola, sino que no ha sido renovada, una vez terminada su vigencia, no habiendo llegado ambas partes a acordar su prórroga, y siendo, por lo tanto y , en todo caso, la responsabilidad de las dos.

Con todo, lo que haya ocurrido durante la pasada tregua es una anécdota, conocida la historia completa de este conflicto.

Es corriente escuchar a los más ingenuos hablar de ética en caso de guerra, de convenciones internacionales, de derechos de los prisioneros, etc. etc. cuando si algo debe quedar claro es que la guerra es la ausencia de política, de ética, del derecho. De que, en situación de guerra, lo que prima es la estrategia, el armamento, el número de bajas que se pueda hacer al enemigo, tanto de soldados como “colateralmente” de civiles, la destrucción de sus fortificaciones, objetivos todos ellos que inevitablemente borran de la mente de los contendientes cualquier viso de moralidad, empatía, sensibilidad o humanismo, pero también de racionalidad. El balance de este largo conflicto es inequívoco: Israel aventaja, con creces, en la consecución de sus objetivos militares. Mucho más armamento, muchas más víctimas, mucha más destrucción. Y, aunque toda víctima, por insignificante que sea, es, en sí misma, injusta, aquí el número, sin duda, también cuenta.

Por otra parte, distinguir entre que Israel es un estado y Hamas ni siquiera es el gobierno de un no-estado, y que la diferencia está en que a un estado se le pueden pedir responsabilidades y a un movimiento de resistencia no, porque no está integrado en el concierto político internacional, en este caso carece de fundamento práctico, puesto que si algo ha demostrado Israel es que se salta insistentemente todas las normas internacionales y todas las resoluciones de la ONU referidas concretamente a su comportamiento, no admitiendo responsabilidad alguna ni rindiendo cuentas ante nadie.

Tampoco se puede decir que Israel sea un estado democrático, por el sólo hecho de que sus gobiernos se elijan democráticamente. Es hora ya de que incorporemos a nuestra cultura democrática que un estado que no respeta los derechos de los demás estados no es democrático, por mucho que sus ciudadanos hayan elegido democráticamente a sus gobernantes. Suele ocurrir, además, que el estado que no respeta a los demás, tampoco respeta a sus propios ciudadanos.

Por último, distinguir entre las acciones ofensivas y defensivas. En toda esta historia, Israel ha llevado a cabo siempre una política ofensiva, y esto no se puede ocultar ni olvidar. Se podría discutir si el pueblo judío tenía o no derecho a instalarse en Palestina. Lo que nadie discutirá es que los palestinos tenían y tienen derecho a permanecer en su tierra. Desde un principio Israel ha pretendido hacerse con todo el territorio y a ello se ha empleado resueltamente, haciendo oídos sordos a todas las resoluciones y propuestas de la ONU y llevando a cabo toda una política de aniquilación del pueblo palestino. Y los palestinos tienen todo el derecho a defenderse, incluso, saltándose todas las normas internacionales, si nadie sale efectivamente en su defensa.

Es difícil proponer una salida a esta situación. Comúnmente se apela a la necesaria intervención de la comunidad internacional como única vía posible, como si esta fuese viable. La experiencia nos dice que no y no se ofrecen otras alternativas. Por lo que soy escéptico y creo y, en todo caso, espero que, en último extremo, serán los pueblos, el palestino y el israelita, libres de tanta manipulación, quienes, al final, podrán alcanzar un acuerdo de convivencia, porque los pueblos son los que aman la vida y también sufren la muerte. Para cuando eso llegue, lamentablemente, habrá habido muchos más muertos. Y todos seremos algo responsables.

Nota.- Este artículo ha sido enviado, para su publicación, a todos los medios escritos, en papel o digitales, de cierta difusión.

NO NOS DEIS LAS GRACIAS

Carta enviada a todos los medios de comunicación escritos.-

Lo agradecen quienes han recibido favores. Sin embargo, quienes han cumplido con su deber o, simplemente, son coherentes con lo que piensan, no son merecedores de agradecimiento sino, en todo caso, de reconocimiento.

Asistimos, de un tiempo a esta parte, a lo que parece un protocolo obligado, y es que, al final de algunas manifestaciones, por parte de los convocantes, se nos agradece a los presentes nuestra participación. Se trata de manifestaciones sobre problemas que supuestamente nos afectan a todos como, por ejemplo, la distintas formas de contaminación, las agresiones al paisaje, la urbanización desaforada, etc. No son manifestaciones de solidaridad con un grupo de afectados, sino de protesta o reivindicación sobre algo que la gran mayoría rechaza o quiere conseguir.

Agradecer a quienes se han manifestado por este tipo de problemas implica alguna de las siguientes maneras de ver las cosas o todas a la vez: a) que el éxito de la manifestación es patrimonio exclusivo de los convocantes, b) que la participación de los manifestantes es fruto de su adhesión a los mismos, o sea, que les hacemos un favor con estar allí presentes, c) que el problema realmente no nos afecta a todos, o d) que la mayoría acudimos como borregos o adictos a este tipo de convocatorias.

Quienes acudimos a una manifestación, generalmente, somos los que estamos convencidos sobre la necesidad de manifestarnos, de manifestar nuestra opinión o postura sobre el motivo de la convocatoria. No estamos allí para que se nos convenza. Tampoco para que se nos den las gracias. No se nos debe llamar a “acudir a la manifestación”, porque la manifestación no es un lugar, sino a manifestarnos, que es algo muy distinto. No “vamos” a la manifestación sino que nos manifestamos, cada uno con su responsabilidad y todos con nuestro protagonismo, porque la manifestación es un hecho, en el que participamos.

Todo movimiento, inevitablemente, es promocionado por una minoría, empujado por la voluntad de los más conscientes. Pero eso no implica tampoco que debamos los demás agradecérselo porque es su responsabilidad hacerlo. Nuestra presencia en la manifestación es ya muestra de nuestro reconocimiento hacia su labor. Lo que debe primar, al final del acto, es el reconocimiento colectivo de que los allí presentes somos conscientes y responsables de lo que pensamos, decimos y hacemos y no mera comparsa. No sólo hay que luchar contra la contaminación de nuestros pulmones, también hay que descontaminar las cabezas de tanto seguidismo, tanta pasividad y de tanto conformismo. Las formas también son importantes. Y detrás de los objetivos concretos de una convocatoria, debe estar siempre presente el objetivo de educar a la gente en la responsabilidad, en el sentido crítico.

Por favor, convocantes, no nos deis más las gracias por cumplir con lo que nos parece justo y razonable. Exigid nuestro compromiso, enseñadnos a reconocer nuestra responsabilidad.

EL SIGNIFICADO DE LA CONDENA (Carta a un amigo perplejo)

Querido amigo:

Como bien sabes, tengo pocas dudas sobre tu honradez y menos aún sobre tu inteligencia, por lo que tu perplejidad e indignación ante la negativa de la izquierda abertzale a “condenar” los últimos atentados de ETA me han parecido especialmente preocupantes. Porque si la perversa lógica de la “condena” ha calado en personas como tú, me temo que estamos aún peor de lo que parecía.

No hace falta que te diga que no apoyo a ETA, no pertenezco a Batasuna y ni siquiera soy vasco, porlo que las razones que yo veo para no “condenar” los atentados del 30 de diciembre de 2006 y delpasado 7 de marzo (ni ningún otro) tal vez te ayuden a comprender las de quienes se ven afectadospor el “conflicto” (es decir, por la represión) de forma mucho más directa y dolorosa que nosotros. En los últimos años he expuesto esas razones en al menos media docena de artículos, pero, dadas las circunstancias, creo que es oportuno repetirlas una vez más.

1. Si usamos el término en su estricto sentido jurídico, solo los jueces, y solo tras un juicio justo y un veredicto de culpabilidad, pueden condenar a alguien. Si lo usamos en el sentido religioso, condenar equivale a mandar al infierno, es decir, a demonizar. Y si lo usamos en sentido figurado (como cuando se condena una puerta o una ventana), equivale a bloquear de forma definitiva, a incomunicar. No es casual que el poder intente imponernos un término cuya polisemia permite, de un solo golpe, criminalizar (sin juicio previo), demonizar (equiparar al mal absoluto) e incomunicar (negar toda posibilidad de diálogo).

2. Y aun en el caso de que fuera lícito “condenar” públicamente ciertas acciones, ¿con qué criterio habría que elegirlas? ¿No habría que “condenar” también la inconcebible negligencia de quienes hicieron explosionar la bomba de la T-4 sin antes asegurarse de que no hubiera nadie en el aparcamiento? Y hablando de negligencia, ¿no habría que “condenar” todos los días los accidentes laborales evitables, que en el Estado español duplican la media europea (sale más barato enterrar a un trabajador que pagar las medidas de seguridad que podrían salvar su vida), o los accidentes de tráfico debidos a intolerables deficiencias de la red viaria? ¿Con qué autoridad y con qué criterio nos puede decir nadie lo que debemos y no debemos condenar?

3. Pero vamos a suponer por un momento que, como decía Aznar a todas horas (y también Bono, por cierto), “el problema de España es ETA”. Olvidémonos de las pateras, la especulación inmobiliaria, el empleo precario, el paro, la violencia de género, el envío de tropas a Afganistán y a Líbano, las bases militares estadounidenses... Aunque ETA fuera realmente el único –o el mayor- problema del Estado español, para intentar solucionarlo y antes de “condenar”, ¿no habría que analizar las causas de la existencia de una organización de esas características? Somos muchos, dentro y fuera de Euskal Herria, los que pensamos que si la tortura no fuese una práctica sistemática e impune (es decir, sistémica), ETA habría muerto de inanición hace tiempo, porque lo que alimenta sus filas es, sobre todo, el odio y la desesperación que inevitablemente genera el terrorismo de Estado.

Esto no justifica (ni siquiera las explica) barbaridades como la bomba de Barajas o el asesinato de Isaías Carrasco; pero sí explica el hecho de que algunos no condenen la violencia disidente cuando nadie condena la violencia institucional, infinitamente más grave. Si el carnicero que secuestró, torturó, asesinó y enterró en cal viva a Lasa y Zabala no estuviera tranquilamente en su casa escribiendo sus memorias; si Felipe González se hubiera sentado en el banquillo de los acusados por la infamia de los GAL; si Iñaki de Juana no hubiera sido condenado a catorce años de cárcel por un artículo de opinión; si no se hubiera perpetrado la aberración jurídica del 18/98; si no se pusieran (en vano) más de setecientas denuncias por torturas al año; si los presos políticos no fueran dispersados y segregados de forma inconstitucional... Si esto fuera realmente un Estado de derecho, a lo mejor la izquierda abertzale “condenaría” un atentado como el del 7 de marzo. Aunque en ese caso ya no sería necesario porque seguramente no habría habido atentados.

Carlos Fabretti

Democracia, ¡qué gracia! Es demofascismo

Manuel F. Trillo Profesor

Gobernó el franquismo con Suárez; gobernó el posfranquismo con González; gobernó el neofranquismo con Aznar; gobernó el posgonzalismo con Zapatero, y ahora pretenden que nos comamos el rosco de que viene la derecha. La derecha está instalada en el poder, siempre lo estuvo

Se convoca a los votantes (porque mientras exista la Audiencia Nacional no serán -no seremos- ciudadanos) para que revaliden en plebiscito a cuál de las dos fracciones del bloque dominante le corresponde la gestión de los bienes públicos durante los próximos cuatro años. Pues aunque lo tilden de elecciones democráticas -porque permitan que se presenten «cien comparsas» que legitiman con sus candidaturas el sistema electoral diseñado hace 30 años- todos sabemos que no hay democracia allí donde dos opciones políticas agrupan el 80% de los votos y 320 diputados. La estupidez no está reñida con la buena fe, pero se puede ser muy estúpido si se afirma que aquí hay más democracia que en la Rusia de Putin o en los USA de Bush (países líderes de la democracia corrupta).

Gobernó el franquismo con Suárez; gobernó el posfranquismo con González; gobernó el neofranquismo con Aznar; gobernó el posgonzalismo con Zapatero, y ahora pretenden que nos comamos el rosco de que viene la derecha. La derecha está instalada en el poder, siempre lo estuvo, y en las pocas ocasiones en que no lo estuvo acabaron sus gobernantes en la guillotina, como le ocurriera a Saint-Just, por mencionar a uno.

Cómo me gustaría poder acudir a las urnas para elegir a personas honradas; ese modo de elección que tenemos en los pueblos (concejo abierto) en que todos se conocen y se elige a la persona más adecuada para el asunto concreto, sin que por ello existan celos ni envidias ni menoscabo de la personalidad de los demás. Nadie hace negocio con la política, y nadie aceptaría que se hiciera política con los negocios. Pero esa madurez democrática no existe en el demofranquismo, o en el demofascismo del resto de los países, en los que ventilan la elección entre dos personajes como ocurrió en USA -Gore vs. Bush-, en Francia -Segolène vs. Nicolás-, y ¡oh! en España -Zapatero vs Rajoy-. Es tan absurdo el sistema que no se entiende que haya partidos que diciéndose revolucionarios -e incluso democráticos- mantengan sus candidaturas. Con su actitud están validando y dando sentido y legitimidad a los ladrones de la democracia. No se puede jugar a ese juego de mentiras y papeletas. Yo no acepto el demofascismo. La coherencia política conduce ahora y en todo momento, mientras persista el sistema actual, a que se retiren todas las candidaturas, y se dejen solos a los «zapaterosrajoy» comiendo su propia soledad y la basura democrática. No se puede entender que los comunistas honrados persistan en mantener las papeletas en las taquillas el día de las elecciones. No se entiende que colectivos honrados y decentes soporten que se ilegalice a otros partidos y agrupaciones -a otros ciudadanos a la postre- porque se les acuse de estar en el «umbral» de la delincuencia. No veo la dignidad en el jornalero de Marinaleda cuando acepta que existan estas aberraciones democráticas -salvo que su afán por figurar en la historia del parlamentarismo andaluz sea incontenible, aunque no pienso que sea esa la razón, sino un modo de enseñar los dientes a los burócratas de siempre-, pero pierde quien acepta competir en estas circunstancias, porque sépase que todos van cojos, ciegos, y algunos muy estupidizados -aunque lleven bandiera rosa-.

Se han convocado además elecciones en Andalucía para renovar y revalidar a la derecha cínica de Manuel Chaves -la de Javier Arenas, Cañete, y los Becerriles es eso, una derecha cerril-, que tiene a sus amigos, hermanos y demás familia bien colocada en cada lugar de Andalucía, sea pueblo o ciudad, puerto de mar o alta montaña. La familia es lo importante, lo sabía el cacique y señorito de Olvera, y también el manijero. La familia se presenta a las elecciones. Elija usted su familia.

Los andaluces pueden votar a la familia Chaves-González. Que los voten. También pueden votar a los señoritos andaluces, como Arenas o Cañete: el neofranquismo sin careta. Que los voten. ¿Y qué hacen el resto de los partidos políticos andaluces? Comer democracia y aspirar a tener grupo parlamentario, como IU y los andalucistas. Del resto de las candidaturas ni una palabra (¿alguien los ha visto en escena?). Meros comparsas de un sistema que legitiman con su sola presencia, por lo que la mayor dignidad sería precisamente que se retirasen y que dejaran solos a los que «van a ganar», es decir, a los mismos. En Andalucía el «chavismo» andaluz -como en Euskadi el «peneuvismo» o en España el «demofranquismo»- vestido con las telas de Europa y los faralaes de la lagarterana. Atado y bien atado, dijo el criminal que en su estulticia -porque era inculto y necio hasta dejarlo de sobra- jamás llegó a sospechar que tenía razón; su condición de cínico le impedía ver con claridad, pero acertaba en cuanto a la miserable condición de los políticos profesionales («todo por la pasta»).

No hay salida mientras sigamos consintiendo que con nuestros votos permanezca el estado de cosas actual.