En una sociedad, en la que una mayoría de la población no tenemos más remedio, si queremos sobrevivir, que ofrecernos a trabajar para otro, un empresario, lo menos que podemos pedir es que, aquél que nos contrate, sea eso, un empresario.
Empresario, según la Academia de la Lengua, es una persona que emplea obreros, que es propietario y dirige una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos. Esto último es la clave. Si el empresario no obtiene beneficios, no contratará obreros. Y si no contrata obreros, ¿de dónde sacará sus beneficios? Pero todo tiene que tener un límite. Y, en esta sociedad parece que no lo hay.
También se suele identificar al empresario con quien emprende, con resolución, acciones dificultosas o azarosas, corriendo el riesgo de, o estando expuesto a perder en su intento o no lograr su objetivo. Muchas veces, la obtención de más o menos beneficio depende de lo decidido que sea el empresario, de lo capaz que sea de arriesgarse. Y es que, además, si el empresario no arriesga, ¿cuál es su mérito? ¿Cómo justificará sus superiores ingresos?
Sin embargo, y aprovechando que el Pisuerga pasa por la crisis actual, asistimos al triste espectáculo de ver cómo los representantes patronales, en nuestro país, piden machaconamente que se eliminen los pocos derechos laborales que nos quedan a los trabajadores en la legislación y que, según ellos, dificultan la obtención de mayores beneficios. No quieren ningún riesgo. Ni siquiera un mínimo control sobre sus cuentas como el que pueda ejercer la Administración en la tramitación de un ERE. Quieren que les cueste menos despedir, rebajando la indemnización a veinte días por año, cuando ya lo pueden hacer ahora presentando un ERE. Quieren poder despedir o mandar al paro a sus trabajadores sin tener que pedir permiso, y sin que les cuesta nada o lo menos posible.
Y, sobre todo, lo pretenden porque han renunciado, de hecho, a ser empresarios. No son emprendedores. Son segurolas, amarrateguis. Quieren garantías antes de emprender. No confían en su capacidad empresarial. Dudan de que puedan ganar dinero. No creen en lo que hacen. No se casan para toda la vida. Cuentan, de antemano, con que van a fracasar. Son como esas parejas que, antes de casarse, ya tienen acordada la separación de bienes. ¿Para qué les queremos entonces? ¿Qué nos aportan? ¿No les basta el compromiso nuestro de trabajar según las condiciones del contrato?
A estos empresarios no los debería querer ni la propia clase empresarial, porque, a lo único que aspiran es a ser auténticos parásitos sociales y desprestigian a su clase. Algún día nos pedirán que devolvamos, cuando nos despidan, parte del salario que hemos cobrado. A eso aspiran muchos.
¿O es que ser empresario es precisamente eso?
Empresario, según la Academia de la Lengua, es una persona que emplea obreros, que es propietario y dirige una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos. Esto último es la clave. Si el empresario no obtiene beneficios, no contratará obreros. Y si no contrata obreros, ¿de dónde sacará sus beneficios? Pero todo tiene que tener un límite. Y, en esta sociedad parece que no lo hay.
También se suele identificar al empresario con quien emprende, con resolución, acciones dificultosas o azarosas, corriendo el riesgo de, o estando expuesto a perder en su intento o no lograr su objetivo. Muchas veces, la obtención de más o menos beneficio depende de lo decidido que sea el empresario, de lo capaz que sea de arriesgarse. Y es que, además, si el empresario no arriesga, ¿cuál es su mérito? ¿Cómo justificará sus superiores ingresos?
Sin embargo, y aprovechando que el Pisuerga pasa por la crisis actual, asistimos al triste espectáculo de ver cómo los representantes patronales, en nuestro país, piden machaconamente que se eliminen los pocos derechos laborales que nos quedan a los trabajadores en la legislación y que, según ellos, dificultan la obtención de mayores beneficios. No quieren ningún riesgo. Ni siquiera un mínimo control sobre sus cuentas como el que pueda ejercer la Administración en la tramitación de un ERE. Quieren que les cueste menos despedir, rebajando la indemnización a veinte días por año, cuando ya lo pueden hacer ahora presentando un ERE. Quieren poder despedir o mandar al paro a sus trabajadores sin tener que pedir permiso, y sin que les cuesta nada o lo menos posible.
Y, sobre todo, lo pretenden porque han renunciado, de hecho, a ser empresarios. No son emprendedores. Son segurolas, amarrateguis. Quieren garantías antes de emprender. No confían en su capacidad empresarial. Dudan de que puedan ganar dinero. No creen en lo que hacen. No se casan para toda la vida. Cuentan, de antemano, con que van a fracasar. Son como esas parejas que, antes de casarse, ya tienen acordada la separación de bienes. ¿Para qué les queremos entonces? ¿Qué nos aportan? ¿No les basta el compromiso nuestro de trabajar según las condiciones del contrato?
A estos empresarios no los debería querer ni la propia clase empresarial, porque, a lo único que aspiran es a ser auténticos parásitos sociales y desprestigian a su clase. Algún día nos pedirán que devolvamos, cuando nos despidan, parte del salario que hemos cobrado. A eso aspiran muchos.
¿O es que ser empresario es precisamente eso?
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