Durante años, la normativa europea ha servido a los trabajadores y ciudadanos en general como recurso último que garantizaba sus derechos frente a los desmanes de los estados miembros y los abusos de las empresas en particular. Pero las cosas están cambiando drásticamente.
Europa, después de la IIª Gran Guerra, fue tierra de libertad y asilo para miles de trabajadores y exiliados de regímenes dictatoriales o simplemente emigrantes, y un ejemplo de progreso social conseguido con el esfuerzo y la lucha de los trabajadores. Para muchos demócratas españoles “entrar en Europa” se convirtió en una meta importante durante el franquismo, entrada que se consiguió, pero no gratuitamente. Allá quedaron las reconversiones industriales y la pérdida de miles de puestos de trabajo impuestas como condición para la entrada.
Pero Europa, el conjunto de pueblos que habitan su territorio no eran, no fueron ni son el Mercado Común, la Unión Monetaria ni la actual Unión Europea. Estos tratados entre estados, gobiernos y patronales fueron la expresión de un sistema político-económico a la medida de sus intereses que, por una parte, buscaba fortalecer el capitalismo europeo frente a los demás bloques económicos mundiales, a la vez que cerrar filas ante las demandas de los trabajadores de los propios estados que los componían.
El aumento de la competencia a nivel mundial, el crecimiento de las empresas multinacionales con poder efectivo, mayor, en muchos casos, que el de los propios estados, y la implantación generalizada de políticas liberales de carácter radical, marcadamente antisociales, han hecho del sueño europeo de libertad una caricatura, por el continuo recorte de derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, que se traduce en un empobrecimiento relativo pero constante del conjunto de la población, un endurecimiento de sus condiciones de vida, frente al enriquecimiento de unos pocos, los de siempre, los que tras los desastres de la guerra europea nos pidieron solidaridad para recuperar sus fábricas y sus negocios. La Unión Europea no es actualmente fuerte, ni sus estados miembros soberanos frente a las multinacionales. La UE es absolutamente sumisa al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio y, en el orden internacional, a la OTAN y EEUU en sus políticas imperialistas. El camino más fácil para los capitalistas europeos es reducir costes laborales para salvar sus beneficios, y para las instituciones recortar derechos sociales. Y, a ello, vienen empleándose obsesivamente en los últimos tiempos.
Bajo el pretexto de la necesaria libre competencia, que se ha constituido en el supremo derecho entre los derechos, la UE aprueba directivas e incluso aplica, mediante sentencias de sus tribunales, directivas no aprobadas, que poco a poco van desmantelando las legislaciones sociales de los estados miembros, llegando incluso a renunciar a sus propios postulados iniciales de garantía de derechos ciudadanos. Basta con que cualquier empresa denuncie competencia desleal o simplemente obstáculos a su libre desarrollo económico para que se echen por tierra derechos básicos, hasta ahora comúnmente aceptados, como la autonomía de los sindicatos, el derecho de huelga y otros. Varias sentencias vienen dictaminando, por ejemplo, que es ilegal oponerse sindicalmente al traslado de una instalación con sus puestos de trabajo a un país donde los costes salariales sean más bajos (deslocalización), o que es legal aplicar el convenio que más convenga al empresario, independientemente de cuál sea el país de donde proviene la empresa o el país en que se está trabajando (Directiva Bolkenstein que ¡ni siquiera ha sido aprobada!).
La Directiva de las 60 horas va en la misma dirección. Parece una contradicción que, con la que está cayendo de aumento del paro, los gobiernos aprueben normas que vayan a fomentar más paro. Sin embargo, está demostrado que, en tiempos de crisis para el capital, los empresarios buscan aumentar sus beneficios a toda costa (o, al menos, conservarlos) aunque se vean obligados a disminuir su producciones y sus ventas. Y la forma más fácil, para ellos, de conseguirlo, es explotando más a los trabajadores. El paro les importa un bledo. Y a los gobiernos los tienen a su servicio.
Europa, después de la IIª Gran Guerra, fue tierra de libertad y asilo para miles de trabajadores y exiliados de regímenes dictatoriales o simplemente emigrantes, y un ejemplo de progreso social conseguido con el esfuerzo y la lucha de los trabajadores. Para muchos demócratas españoles “entrar en Europa” se convirtió en una meta importante durante el franquismo, entrada que se consiguió, pero no gratuitamente. Allá quedaron las reconversiones industriales y la pérdida de miles de puestos de trabajo impuestas como condición para la entrada.
Pero Europa, el conjunto de pueblos que habitan su territorio no eran, no fueron ni son el Mercado Común, la Unión Monetaria ni la actual Unión Europea. Estos tratados entre estados, gobiernos y patronales fueron la expresión de un sistema político-económico a la medida de sus intereses que, por una parte, buscaba fortalecer el capitalismo europeo frente a los demás bloques económicos mundiales, a la vez que cerrar filas ante las demandas de los trabajadores de los propios estados que los componían.
El aumento de la competencia a nivel mundial, el crecimiento de las empresas multinacionales con poder efectivo, mayor, en muchos casos, que el de los propios estados, y la implantación generalizada de políticas liberales de carácter radical, marcadamente antisociales, han hecho del sueño europeo de libertad una caricatura, por el continuo recorte de derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, que se traduce en un empobrecimiento relativo pero constante del conjunto de la población, un endurecimiento de sus condiciones de vida, frente al enriquecimiento de unos pocos, los de siempre, los que tras los desastres de la guerra europea nos pidieron solidaridad para recuperar sus fábricas y sus negocios. La Unión Europea no es actualmente fuerte, ni sus estados miembros soberanos frente a las multinacionales. La UE es absolutamente sumisa al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial del Comercio y, en el orden internacional, a la OTAN y EEUU en sus políticas imperialistas. El camino más fácil para los capitalistas europeos es reducir costes laborales para salvar sus beneficios, y para las instituciones recortar derechos sociales. Y, a ello, vienen empleándose obsesivamente en los últimos tiempos.
Bajo el pretexto de la necesaria libre competencia, que se ha constituido en el supremo derecho entre los derechos, la UE aprueba directivas e incluso aplica, mediante sentencias de sus tribunales, directivas no aprobadas, que poco a poco van desmantelando las legislaciones sociales de los estados miembros, llegando incluso a renunciar a sus propios postulados iniciales de garantía de derechos ciudadanos. Basta con que cualquier empresa denuncie competencia desleal o simplemente obstáculos a su libre desarrollo económico para que se echen por tierra derechos básicos, hasta ahora comúnmente aceptados, como la autonomía de los sindicatos, el derecho de huelga y otros. Varias sentencias vienen dictaminando, por ejemplo, que es ilegal oponerse sindicalmente al traslado de una instalación con sus puestos de trabajo a un país donde los costes salariales sean más bajos (deslocalización), o que es legal aplicar el convenio que más convenga al empresario, independientemente de cuál sea el país de donde proviene la empresa o el país en que se está trabajando (Directiva Bolkenstein que ¡ni siquiera ha sido aprobada!).
La Directiva de las 60 horas va en la misma dirección. Parece una contradicción que, con la que está cayendo de aumento del paro, los gobiernos aprueben normas que vayan a fomentar más paro. Sin embargo, está demostrado que, en tiempos de crisis para el capital, los empresarios buscan aumentar sus beneficios a toda costa (o, al menos, conservarlos) aunque se vean obligados a disminuir su producciones y sus ventas. Y la forma más fácil, para ellos, de conseguirlo, es explotando más a los trabajadores. El paro les importa un bledo. Y a los gobiernos los tienen a su servicio.
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