El próximo 19 de diciembre, si no hay cambios de última hora, el Parlamento Europeo debatirá si acepta o no la propuesta de Directiva, aprobada por la gran mayoría de los Ministros de Trabajo de los países miembros de la Unión Europea, que pretende permitir, legalmente, entre otras cosas, que la jornada se pueda ampliar hasta las 60 horas, con carácter general y a 65 en algunos casos. También, si no hay cambios de última hora, el PSOE parece que votará en contra y serán los diputados del PP quienes tengan la última palabra para conformar una mayoría suficiente que rechace la propuesta. Con todo, el tema, sin llegar a análisis muy detallados, presenta varias trampas.
Aún en el supuesto de que la Directiva, al final, quede aprobada, pero deje libertad a cada estado miembro para que la incorpore o no a su normativa interna, a la larga, acabará implantándose de manera general, pues bastará con que un solo estado e, incluso, una sola empresa alegue que existe una competencia desleal ante el Tribunal correspondiente, para que la Directiva acabe aplicándose con carácter general.
Pero, la verdadera trampa es el argumento central que esgrimen quienes apoyan la propuesta: el trabajador, dicen, podrá elegir “libremente” si acepta o no una ampliación de su jornada, renunciando “voluntariamente” a lo que diga su convenio o las normas de su país.
Ningún trabajador, en términos generales, acepta gustosamente ser asalariado, trabajar bajo las órdenes de otro, trabajar en lo que le embrutece, trabajar arriesgando su salud y su vida, ajustarse a unos ingresos reducidos, mientras ve que con su trabajo su patrón se enriquece. Todo esto lo acepta porque no tiene medios propios para sobrevivir y no se puede decir, por tanto, que es libre de elegir. Pero, si concretamos más, y consideramos a la gran multitud de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran en precario, esa falta de libertad es aún mucho mayor. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, que necesitan el empleo para vivir ellos y sus familias, se arriesgarán a decir no “libremente” cuando el patrón les proponga una jornada mayor, sabiendo que tienen pendiente la renovación de sus contratos?
¡Quedarían, además, fuera de toda limitación de jornada los contratos de menos de 10 semanas!
La propuesta, también, pretende que no se considere trabajo el tiempo de presencia, o sea, el tiempo que los trabajadores de guardia, por poner un ejemplo, permanecen inactivos, a la espera de una urgencia o intervención, como, por ejemplo, el personal sanitario. Y ¿quién dice que no se extenderá esa consideración de “inactivo” a todo trabajo que no sea directamente productivo? ¿Qué es, que el empresario contrata a “el trabajador entero”, exigiéndole total disponibilidad, o, por el contrario, contrata la fuerza de trabajo del trabajador sólo durante un tiempo determinado, quedando el trabajador dueño de disponer a su antojo del tiempo restante?
La propuesta de Directiva, más allá de la duración de la jornada, que sería su objetivo inmediato, trata, sobre todo, de echar por tierra uno de los logros mayores de los trabajadores asalariados en su historia, como es la negociación colectiva, la reivindicación colectiva de derechos y la defensa colectiva de los mismos. Si esta directiva abre la puerta a la negociación individual, cada trabajador se verá solo ante el peligro, sin armas para obtener unas condiciones más ventajosas o para defender las que ya tenía.
La propuesta, no obstante, con ser nueva, se suma a otras ya aprobadas y a toda una serie de sentencias que los tribunales europeos van dictando últimamente en contra de los que, hasta ahora, eran los derechos garantizados de los trabajadores.
Rechazar esta propuesta, por tanto, debe ser algo elemental para todo trabajador, para todo sindicato, para cualquier partido que se defina de izquierdas. Y hacerlo movilizándonos será la única forma de lograrlo.
Pero, para ello, será necesario que profundicemos más en el análisis, que nos dotemos de argumentos sólidos para convencernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo de que lo que pretenden va en serio, y que es injusto, humanamente inaceptable, y fuera de toda lógica a las alturas del siglo en que nos encontramos.
Aún en el supuesto de que la Directiva, al final, quede aprobada, pero deje libertad a cada estado miembro para que la incorpore o no a su normativa interna, a la larga, acabará implantándose de manera general, pues bastará con que un solo estado e, incluso, una sola empresa alegue que existe una competencia desleal ante el Tribunal correspondiente, para que la Directiva acabe aplicándose con carácter general.
Pero, la verdadera trampa es el argumento central que esgrimen quienes apoyan la propuesta: el trabajador, dicen, podrá elegir “libremente” si acepta o no una ampliación de su jornada, renunciando “voluntariamente” a lo que diga su convenio o las normas de su país.
Ningún trabajador, en términos generales, acepta gustosamente ser asalariado, trabajar bajo las órdenes de otro, trabajar en lo que le embrutece, trabajar arriesgando su salud y su vida, ajustarse a unos ingresos reducidos, mientras ve que con su trabajo su patrón se enriquece. Todo esto lo acepta porque no tiene medios propios para sobrevivir y no se puede decir, por tanto, que es libre de elegir. Pero, si concretamos más, y consideramos a la gran multitud de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran en precario, esa falta de libertad es aún mucho mayor. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, que necesitan el empleo para vivir ellos y sus familias, se arriesgarán a decir no “libremente” cuando el patrón les proponga una jornada mayor, sabiendo que tienen pendiente la renovación de sus contratos?
¡Quedarían, además, fuera de toda limitación de jornada los contratos de menos de 10 semanas!
La propuesta, también, pretende que no se considere trabajo el tiempo de presencia, o sea, el tiempo que los trabajadores de guardia, por poner un ejemplo, permanecen inactivos, a la espera de una urgencia o intervención, como, por ejemplo, el personal sanitario. Y ¿quién dice que no se extenderá esa consideración de “inactivo” a todo trabajo que no sea directamente productivo? ¿Qué es, que el empresario contrata a “el trabajador entero”, exigiéndole total disponibilidad, o, por el contrario, contrata la fuerza de trabajo del trabajador sólo durante un tiempo determinado, quedando el trabajador dueño de disponer a su antojo del tiempo restante?
La propuesta de Directiva, más allá de la duración de la jornada, que sería su objetivo inmediato, trata, sobre todo, de echar por tierra uno de los logros mayores de los trabajadores asalariados en su historia, como es la negociación colectiva, la reivindicación colectiva de derechos y la defensa colectiva de los mismos. Si esta directiva abre la puerta a la negociación individual, cada trabajador se verá solo ante el peligro, sin armas para obtener unas condiciones más ventajosas o para defender las que ya tenía.
La propuesta, no obstante, con ser nueva, se suma a otras ya aprobadas y a toda una serie de sentencias que los tribunales europeos van dictando últimamente en contra de los que, hasta ahora, eran los derechos garantizados de los trabajadores.
Rechazar esta propuesta, por tanto, debe ser algo elemental para todo trabajador, para todo sindicato, para cualquier partido que se defina de izquierdas. Y hacerlo movilizándonos será la única forma de lograrlo.
Pero, para ello, será necesario que profundicemos más en el análisis, que nos dotemos de argumentos sólidos para convencernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo de que lo que pretenden va en serio, y que es injusto, humanamente inaceptable, y fuera de toda lógica a las alturas del siglo en que nos encontramos.
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